¿Existe una lex deportiva?

James Graham
Revista de la Barra mexicana de Abogados, 2015

Aprovechando de la oportunidad que nuestro capítulo de la BMA organizó una conferencia sobre el Derecho del deporte, es interesante tocar el tema de la ley aplicable a las controversias legales deportivas. El principio es que se resuelven en base a las disposiciones y normas de la ley elegida por las partes, o en su defecto en base a la ley del país en que la federación, asociación u órgano deportivo que ha emitido la resolución controvertida tengan su domicilio, o en base a las normas de la ley que el Tribunal arbitral deportivo (TAS por sus siglos oficiales en francés) estime apropiada. En este último caso, los árbitros deben razonar dicha decisión. En otras palabras, se reconoce el principio de la autonomía de la voluntad, permitiendo a las partes de elegir el derecho aplicable. En ausencia de tal elección, el tribunal arbitral tiene la facultad de aplicar o la lex domicilii – la ley del país en donde el órgano deportivo tiene su domicilio -, o determinar “en voie directe” las normas aplicables sin pasar por una regla de conflicto.

Ahora bien, en este contexto surge la pregunta si las partes pueden optar para la lex sportiva, lo que implica que existe tal lex sportiva y si es un orden júridico. Sin embargo, no es posible tocar el tema sin mencionar unos puntos clave de la teoría de la pluralidad de los órdenes jurídicos y en especial la lex mercatoria. Santi Romano en su obra magistral l’Ordinamento giuridico sostuvo que no había un solo orden jurídico exclusivo, a saber el del Estado, sino una pluralidad de órdenes jurídicos, insistiendo más sobre el aspecto sociológico de los órdenes jurídicos que sus aspectos formales. En tiempos más recientes, el mismo pensamiento fue expresado por Rigaux en su Curso General de Derecho Internacional Privado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en particular con respecto a los órdenes deportivos. Citando la teoría del pluralismo de los órdenes jurídicos, un tribunal comercial de primer instancia belga subrayó la importancia de la efectividad y de la capacidad de las reglas a regir a los miembros del presupuesto orden jurídico, condición verificada, según los jueces, en el caso de la FIFA. Las relaciones entre los clubes y la FIFA no son de tipo contractual (en el marco de su membresía a una asociación sin lucro, lo que es jurídicamente la FIFA) sino se trata de una sumisión a “la autoridad de las reglas impuestas por la FIFA”. La posición contraria fue adoptada por un tribunal alemán, que simplemente estableció que “no existe una lex sportiva independiente del derecho nacional”, retomando la doctrina de Paul Lagarde, quien sostiene que no hay un orden jurídico si no se verifica al menos dos condiciones fundamentales: que hay instituciones permanentes para aplicar las reglas, y que estas instituciones no sean sometidas a otra autoridad. Las condiciones mencionadas se verifican para el orden jurídico estatal (la sentencia de la suprema corte de un país no puede ser nulificada por un tribunal de otro país), mas no por las instituciones arbitrales (cuyas decisiones siempre pueden ser nulificadas por tribunales estatales).

El propio reglamento de la FIFA reconoce el no poder escapar a la jurisdicción estatal, en la medida que dispone, por ejemplo, en su artículo 22 de su Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores: “ Sin perjuicio del derecho de cualquier jugador o club a elevar un caso ante un tribunal ordinario de disputas laborales, la FIFA tiene la competencia […]”. En otras palabras, si se trataría de un verdadero orden jurídico, no habría la necesidad de reconocer la jurisdicción de otro orden jurídico – el estatal. Sería como si el orden jurídico mexicano dispondría que es competente sin perjuicio a elevar un caso ante un tribunal extranjero. En orden jurídico estatal es completo – ¡por eso es un orden jurídico! En el marco de la FIFA se trata de un sistema muy elaborado pero subordinado al orden estatal. En este contexto, es menester señalar una sentencia del Tribunal de Primer Instancia de la Unión Europea que considera la FIFA no como autoridad sino como una asociación de empresas. La decisión mas importante para demostrar la sumisión de la FIFA a los ordenes jurídicos estatales es incontestablemente el fallo comunitario Bosman por el cual se denegó una “excepción deportiva del fútbol” a las reglas generales del derecho comunitario de la libre circulación de los trabajadores.

Ahora bien, parece que el debate ya se acabó de manera definitiva. Primero, el fallo del 20 de diciembre de 2005 del Tribunal Federal Suizo ha establecido que las reglas de la FIFA no son “reglas de derecho” [aunque reconoce que la FIFA tiene el poder de emitir “reglas” para “regular” su deporte], pudiendo ser objeto de una elección de lex contractus, sino que sólo se trata de un reenvío material, quiere decir reglas contractuales que están sometidas a la lex contractus que tiene que ser una ley estatal. Eso no impide que las reglas de la FIFA tengan su valor, pero que es otro que la de una ley estatal.

Segundo, el fallo Matuzalem del Tribunal Federal Suiza demuestra que no es cierto que el TAS es la máxima autoridad “judicial” en materia de deporte. Es cierto que hasta la fecha del fallo Matuzalem, nunca un laudo del TAS fue anulado, dando la impresión que no obstante legalmente los fallos del TAS pueden ser revisados por el TFS, eso sería un mero formalismo. Sin embargo, en el asunto comentado, el TFS anuló la sentencia arbitral del TAS. Los hechos fueron los siguientes. El jugador Matuzalem rescindió de manera unilateral y antes que su contrato se terminará sus obligaciones con Shakhtar Donetsk para contratarse con el Real Zaragoza. Shakhtar Donetsk recurrió a la FIFA, la cual condenó a Matuzalem a pagar una multa de 6.8 millones EUR por violación del contrato. Ni Matuzalem, ni el Real Zaragoza tuvieron la capacidad financiera de pagar dicha multa. Matuzalem consecuentemente demandó ante el TAS, cuyo panel arbitral condenó de nueva cuenta a Matuzalem y el Real Zaragoza de pagar 11,858,934 EUR en indemnizaciones por violación del contrato. La decisión fue confirmada por el TFS. Sin embargo, como tanto el jugador como el nuevo club continuaron a alegar la imposibilidad financiera de pagar, la FIFA, por lo tanto, en aplicación de su reglamento, prohibió a Matuzalem de jugar hasta que la multa sea pagada. Matuzalem de nueva cuenta demandó ante el TAS, mas se confirmó la prohibición de jugar hasta que las mencionadas indemnizaciones fueran pagadas. En el recurso de revisión ante el TFS, los magistrados anularon el laudo por razones de violación del orden publico internacional. La prohibición ilimitada de jugar viola los derechos personales del individuo y que se presume que una persona no ha querido vincularse por un contrato que viola así sus derechos; en este caso siendo el contrato el Código Disciplinario de la FIFA. En efecto es “excesiva” una restricción contractual de la “libertad económica” del individuo cuando ella depende de la mera “arbitrariedad” de la contraparte contractual.

De lo anterior se desprende de nueva cuenta que si el Estado da mucha libertad a las organizaciones deportivas, eso no es sin un control, aunque mínimo, de lo que se hace. En otras palabras, el mencionado orden jurídico deportivo no es nada más que en realidad un campo contractual, sumido preponderantemente a la autonomía de la voluntad, pero en el marco del orden jurídico del Estado. En otras palabras, se trata de la cuestión de considerar la lex sportiva como un método del “darwinismo jurídico”, una técnica que permite de identificar soluciones a partir de interpretacion conformes, pero apegado al Derecho del Estado. Y en este sentido, las reglas de la FIFA como las decisiones del TAS cumplen con el propósito.